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Una jueza federal de Estados Unidos anuló este viernes la suspensión de los trámites de visas de inmigrante para obtener la residencia permanente que el Gobierno de Donald Trump había impuesto en enero a ciudadanos de 75 países.
La jueza Jeannette Vargas, de un tribunal federal de Nueva York, determinó que la política era «contraria a la ley» y excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida, que había entrado en vigor el 21 de enero, ordenaba suspender la tramitación de visas de inmigrante, utilizadas para quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos. La restricción no afectaba a las visas de no inmigrante, destinadas a estancias temporales.
Entre los países afectados se encontraban Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
El Departamento de Estado había defendido la suspensión con el argumento de que los inmigrantes procedentes de esos países representaban un riesgo elevado de depender de programas de asistencia social o convertirse en una carga para las finanzas públicas.
Sin embargo, Vargas concluyó que el Gobierno había ordenado indebidamente a funcionarios consulares rechazar solicitudes únicamente por el país de origen de los solicitantes, incluso cuando estos cumplían con los demás requisitos establecidos para obtener una visa.
Con el fallo, quedan revocadas las denegaciones de visas que se hayan basado exclusivamente en esa política.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha impulsado medidas para limitar tanto la inmigración irregular como algunos mecanismos de migración legal.
Varias de sus iniciativas han enfrentado obstáculos en los tribunales. En junio, un juez federal anuló una tasa de 100 mil dólares para determinadas visas de trabajo utilizadas principalmente por profesionales extranjeros, mientras que posteriormente la Corte Suprema bloqueó una medida de Trump destinada a restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de ciertos inmigrantes.
El Gobierno estadounidense todavía puede apelar la decisión de la jueza Vargas.
