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La Administración del presidente Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos reanudar las deportaciones de migrantes utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que data del siglo XVIII. Esta norma permite al Ejecutivo expulsar a extranjeros considerados una amenaza, en este caso por presunta pertenencia a organizaciones criminales.
La medida busca deportar a unos 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas, a quienes el gobierno estadounidense vincula con el grupo criminal Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista.
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De ellos, 176 siguen detenidos, y 23 habrían protagonizado actos violentos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, donde supuestamente se atrincheraron y amenazaron con tomar rehenes. El hecho ocurrió tras la difusión de un video donde los detenidos hacían señales de auxilio.
Preocupación internacional
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, para el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
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Es por esta razón que la ONU ha manifestado preocupación por estas deportaciones al señalar que se violan derechos fundamentales al expulsar migrantes sin un debido proceso, basándose en supuestos vínculos criminales.
En paralelo, el presidente de Panamá ofreció la pista de Metetí, en la región del Darién, para recibir vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, durante una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio el pasado 2 de febrero.
