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Un tribunal federal rechazó este lunes la petición del gobierno de Donald Trump de impedir que California contabilice 20 mil votos por correo de personas que la Administración sospecha que no son ciudadanos estadounidenses.
Con dos votos sobre uno, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tomó la decisión al considerar que no podía intervenir antes de que un juez de primera instancia se pronunciara sobre el fondo de la solicitud, regresando el caso al tribunal inferior, que tiene previsto celebrar una audiencia este martes.
El Departamento de Justicia demandó a las autoridades electorales de California para que apartaran las papeletas de los votantes incluidos en una lista federal de unas 20 mil personas cuya ciudadanía está en duda, hasta que se pudiera verificar su situación migratoria.
El gobierno de Trump sostiene que las autoridades estatales incumplieron un plazo de 48 horas para revisar los nombres de la lista. Sin embargo, funcionarios de California han cuestionado la fiabilidad de esos datos y advirtieron que la medida podría impedir la participación en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre a ciudadanos con derecho a votar.
Durante una audiencia celebrada el domingo, dos de los tres jueces del panel expresaron dudas sobre la autoridad del gobierno federal para obligar al estado a apartar las papeletas antes de que se resolviera el caso en primera instancia.
El juez Mark Bennett, nombrado durante la presidencia de Trump, cuestionó que el Ejecutivo pudiera imponer a California cómo administrar sus elecciones. Por su parte, el juez Gabriel Sánchez, designado por el expresidente Joe Biden, planteó preocupaciones sobre una posible afectación de las competencias estatales.
El juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, discrepó de esa postura y defendió la necesidad de impedir que personas legalmente no habilitadas participen en los comicios.
El fallo del Noveno Circuito no determina si las autoridades de California deben apartar las papeletas cuestionadas ni resuelve las alegaciones del Departamento de Justicia.
La decisión deja en manos del juez de primera instancia el análisis de la solicitud federal, que debía examinarse en la audiencia prevista para este martes.
El caso se desarrolla a pocos días de las elecciones intermedias estadounidenses y reabre el debate sobre la verificación de la ciudadanía de los votantes, la integridad electoral y los límites de la intervención federal en la administración de los comicios estatales.
