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En un esfuerzo por cumplir con su promesa de campaña, la administración de Donald Trump ha decidido expandir el uso de la “deportación acelerada” a nivel nacional. Esta medida, detallada en un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene como objetivo expulsar a más de un millón de migrantes que fueron admitidos en el país bajo políticas de la administración Biden.
¿Qué es la deportación acelerada?
La deportación acelerada es un procedimiento que permite expulsar a los migrantes sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Esta política, creada en 1996, se ha aplicado principalmente a los recién llegados en la frontera sur, pero con la nueva directriz de Trump, podría afectar a personas con años de residencia en EE.UU.
El memorando del ICE instruye a los agentes de inmigración a revisar los casi 8 millones de casos en sus archivos para identificar personas elegibles para deportación inmediata. Esto incluye a:
- Migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular.
- Personas admitidas bajo programas de libertad condicional de Biden, como venezolanos y nicaragüenses.
- Aquellos que entraron con una notificación para presentarse ante las autoridades pero no solicitaron asilo.
- Migrantes que llegaron legalmente por un puerto de entrada pero no cuentan con documentos migratorios actualizados.
Migrantes con raíces en EE.UU.
La nueva estrategia amplía el alcance de la deportación acelerada a inmigrantes con raíces profundas en EE.UU., un cambio significativo respecto a su aplicación previa. Paul Hunker, ex abogado jefe del ICE en Dallas, advirtió que esto podría afectar a personas que han vivido en el país por años, e incluso décadas.
Además, el ICE ha sido instruido para revisar casos de deportaciones previas frustradas debido a la negativa de ciertos países a recibir a sus ciudadanos. Para superar este obstáculo, Trump ha amenazado con sanciones a naciones que se nieguen a cooperar, lo que ha generado avances en la ejecución de deportaciones.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la ejecución de una deportación masiva histórica enfrenta desafíos legales y logísticos. Los inmigrantes con residencia prolongada tienen derecho a audiencias judiciales, lo que retrasa el proceso y lo hace más complicado.
