Buenos Aires, 8 abr (EFE).- La Justicia argentina ordenó este martes reabrir la investigación para establecer si el retraso de la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de covid-19 durante el Gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) representa un delito.
“Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”, indicó la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, según recoge el portal Infobae, citando el fallo.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien argumentó que la demora en la adquisición de vacunas del laboratorio estadounidense respecto a otras, como la Sputnik V “evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático”.
“Las demoras registradas en la negociación con Pfizer derivaron perjudicialmente para nuestro país, y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”, añadió Stornelli.
La causa contra el Estado argentino había sido archivada a fines del año pasado por el juez federal Ariel Lijo por “inexistencia de delito”, tras desestimar una denuncia presentada en por legisladores de la oposición y otra de familiares de cuatro personas que murieron como consecuencia del coronavirus, ambas en 2021.
Las presentaciones judiciales cuestionaron entonces los motivos por los que no se había firmado hasta entonces un acuerdo con Pfizer para la provisión de vacunas ante lo que consideraron una preferencia de la administración de Fernández por otros laboratorios.
“En particular, se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”, afirmaron los jueces este martes.
Para la Cámara Federal, “esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.
