São Paulo, 27 ago (EFE).- El Gobierno brasileño contrató un estudio de abogados en Estados Unidos con el fin de que defienda sus intereses frente a las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump, según informó este miércoles el Ministerio Público Federal.
El contrato es con el estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que emplea a más de mil abogados en sus 16 sedes en diferentes países y acarrea una “larga experiencia” en litigios internacionales relacionados a asuntos regulatorios y comerciales, indicó el organismo en una nota.
El bufete brindará servicios de consultoría y elaboración de dictámenes, así como asesoramiento jurídico en tribunales estadounidenses sobre medidas arancelarias, y tendrá injerencia para intervenir sobre cualquiera de las medidas punitivas impuestas por Estados Unidos contra los intereses del Estado brasileño, o de sus empresas y agentes públicos.
Esto incluye tarifas, denegaciones de visados, bloqueo de activos y restricciones financieras, de acuerdo a la información oficial.
En el último tiempo, Donald Trump ha impuesto una serie de sanciones contra Brasil, entre las que se encuentra la imposición de un arancel del 50 % adicional a gran parte de las importaciones del país suramericano, uno de los porcentajes más altos aplicados por el líder republicano a uno de sus socios comerciales.
Para tomar esta decisión, Trump citó motivos principalmente políticos, como una supuesta persecución judicial y política al expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo en la Corte Suprema.
También revocó el visado de miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, entre ellos el del juez Alexandre de Moraes, que tiene a cargo las causas que involucran al expresidente ultraderechista, en un intento de ejercer presión sobre estos para bloquear el juicio que podría condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados a más de 40 años de prisión.
Sin embargo, la fase final del proceso judicial que involucra al expresidente empezará el próximo 2 de septiembre en la Corte Suprema.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene otros 17 contratos con estudios de abogados en once países con este mismo fin, que suelen ser utilizados en procesos de extradición o en la recuperación de activos retenidos en el exterior.
