San Salvador, 14 nov (EFE).- La masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres a manos de un comando del Ejército de El Salvador en 1989 cumple esta semana 36 años en un contexto en el que la causa penal contra los supuestos autores intelectuales ha pasado un año sin movimientos y a la espera de que 11 imputados enfrenten un juicio por este crimen de lesa humanidad.
Las víctimas, asesinadas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, además de la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.
Estas son las cinco claves del caso en su 36 aniversario:
1. ‘Mártires de la UCA’
Los llamados ‘Mártires de la UCA’ son recordados por su lucha por los sectores más desfavorecidos y los derechos humanos en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que se saldó con 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.
En el 36 aniversario destaca la ausencia del principal impulsor de la causa penal por esta masacre, el padre español José María Tojeira, quien falleció a inicios de septiembre pasado.
Desde el momento del crimen, el padre Chema, como era conocido popularmente, fue una figura clave en los reclamos de justicia e impulsor de la causa penal contra altos mandos del Ejército salvadoreño.
2. Estancamiento
El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por los cargos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.
Desde esa fecha no se conocen movimientos públicos del proceso, en el que se ordenó la detención de cinco procesados ausentes, uno de ellos Cristiani, quien gobernó el país bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), ahora en la oposición.
3. Militares y civiles
Varios recursos presentados por la defensa de los imputados retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cerró el caso, pero un nuevo fallo de amparo de la Sala de lo Constitucional ordenó abrir nuevamente la causa penal en 2022.
A diferencia del juicio de 1993, que ha sido considerado como “simulado”, en este nuevo proceso se persigue a los supuestos autores intelectuales e incluye a dos civiles.
Se trata del propio Cristiani y del abogado Rodolfo Parker, exdiputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos en paradero desconocido.
4. Solo un militar pagó parte de su pena
Por este crimen, únicamente el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, pagó parte de la pena en prisión, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión, pena que cumple en ese país.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión de Benavides por ser un crimen de lesa humanidad, y el Congreso le negó en 2017 el indulto.
Pero en noviembre de 2022, una corte de El Salvador le otorgó la libertad condicional adelantada a raíz de que tenía más de 60 años y por “haber cumplido un tercio de la pena”.
5. Los otros procesados
A parte de Cristiani, Parker y Montano, en este caso son procesados penalmente en ausencia Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. A ellos se suman los militares retirados Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejíía.
