Bogotá, 20 nov (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves por crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres generales retirados y a otros 27 militares del Ejército colombiano por su responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta (centro) entre 2002 y 2007.
Entre los imputados están los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán, informó la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se “configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), de la Séptima Brigada y del Gaula Rural Meta (GAMET), unidad encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión.
En la investigación, la Sala escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; y Luis Arango, conocido como Chatarro.
Como parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP explicó que los generales retirados fueron imputados “a título de autores por omisión impropia, por los crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, en concurso con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y con el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad”.
Saavedra y Ávila también fueron imputados por el “delito de homicidio agravado”.
La Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó que los generales retirados “incumplieron sus obligaciones de proteger los bienes jurídicos de la población y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados”.
Pese a que contaban con medidas razonables a su alcance para hacerlo, “omitieron sus deberes constitucionales y funcionales. Desde sus posiciones de poder y mando, actuaron con laxitud y permisividad, sin ejercer el control necesario para prevenir, investigar y sancionar las muertes que se estaban presentando”.
En el caso de los otros 27 militares retirados que integraban el BIVAR y el Gaula Rural Meta, la sala determinó que son “coautores de los crímenes que se les imputan, al haber actuado bajo un acuerdo común que implicó una división del trabajo criminal”.
Los llamados “falsos positivos” son uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército desaparecieron y asesinaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.
La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.
