Miami (EE.UU.), 19 dic (EFE).- Una jueza de distrito de Florida desestimó una demanda contra la donación por parte de la Universidad Miami-Dade de unos terrenos para la construcción de la futura biblioteca presidencial de Donald Trump, abriendo la puerta a que se erija este edificio en el centro de Miami.
La magistrada Mavel Ruiz había admitido a trámite inicialmente la denuncia de un ciudadano que impugnó la decisión de la universidad, acusándola de violar la ley estatal de transparencia al ceder el terreno sin un aviso público anticipado del asunto, y fijó el juicio para agosto de 2026.
La demanda cuestiona la opacidad con la que la institución había validado la transferencia en mención el pasado 23 de septiembre mediante una rápida votación que no ofreció tiempo a compartir opiniones en contra del proyecto.
Sin embargo, la universidad llevó a cabo una nueva votación -que volvió a ser favorable a la donación de los terrenos- el pasado 2 de diciembre, en una reunión que duró cuatro horas e incluyó decenas testimonios.
Este proceso cumplió los criterios en los que se basaba la demanda, según los abogados de la defensa, tras lo que la jueza les dio la razón y desestimó el caso.
“Aunque este caso ha generado muchos problemas políticos, quiero dejar algo muy claro: esta no es, ni ha sido, ni es hoy una decisión política”, dijo Ruiz.
El terreno en cuestión está valorado en más de 67 millones de dólares y está ubicado en pleno centro de Miami, frente a la bahía.
Organizaciones civiles como The Miami Freedom Project han cuestionado la entrega del terreno, al citar que está avaluado en más de 300 millones de dólares, además de considerar un “insulto” a los migrantes el que la biblioteca -en homenaje a un presidente con una férrea política antimigratoria- estará junto a la Torre de la Libertad, que recibió a miles cubanos que huían del gobierno de Fidel Castro.
Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltaron su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.
