Lima, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Perú creará un “subsistema de justicia” que se dedicará a combatir los casos de extorsión, sicariato y secuestro, con el objetivo de tener una respuesta más rápida del Estado frente a estos delitos, informó este lunes el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez.
“Se trata de establecer un subsistema que involucre estos delitos y comprometa a las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, anunció Álvarez durante su participación en la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
El primer ministro, que lideró esta reunión junto con el presidente de transición de Perú, José Jerí, sostuvo que la intención es articular el trabajo del Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público frente a los delitos que más se han incrementado en las principales ciudades del país.
Al respecto, Álvarez afirmó que las primeras medidas que ha adoptado el Gobierno de transición, que asumió funciones el 10 de octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por el Congreso, han permitido “alcanzar resultados positivos”.
Mencionó, entre estos, al intercambio de información entre los distintos servicios de inteligencia del Estado que, según dijo, “ha permitido romper la inercia (en el combate a la criminalidad)”.
“Pero aún no es suficiente”, admitió antes de destacar que el trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la inteligencia policial ha permitido “afectar seriamente” el accionar de bandas dedicadas a la extorsión.
Comentó, sin embargo, que este delito “se ha informalizado” en el país, al punto de haberse detectado casos en lo que es cometido por vecinos contra miembros de su comunidad o por empleados contra sus empresas.
“Inteligencia policial ha identificado que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a la gente de su entorno. Frente a ello, es necesario castigar lo antes posible, con fiscales y jueces comprometidos, a través de un sistema rápido y expeditivo”, remarcó.
Durante la sesión del Conasec, el presidente Jerí también aseguró que el Estado va “a triplicar el esfuerzo” en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Reiteró, en ese sentido, que su Gobierno “está encaminado” en el combate a la criminalidad, que es la principal exigencia y preocupación de sus compatriotas, pero reconoció que aún “falta conseguir los resultados que el país está buscando”.
El Gobierno peruano prorrogó el sábado pasado, por 30 días, el estado de emergencia declarado en Lima y el Callao para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia.
Expertos y medios locales señalan que los numerosos casos de extorsión y sicariato, que son los delitos que más se reportan en la capital peruana, se mantienen a pesar del incremento de las operaciones policiales y labores de inteligencia que buscan desbaratar a las bandas criminales.
