Ciudad de México, 3 mar (EFE).- México dio este martes un paso decisivo hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al declararse la validez constitucional de la reforma que prevé una implementación gradual desde 2027 y hasta 2030.
La modificación al artículo 123 constitucional fue aprobada previamente por el Senado y la Cámara de Diputados, y después recibió el respaldo de más de la mitad de los congresos estatales, requisito para las reformas constitucionales.
Con ello, el proceso legislativo entra en su tramo final: la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seis claves de la reforma
¿Qué cambia?
La Constitución establecerá una jornada semanal de 40 horas de forma gradual.
Descanso, el punto que más dividió. La reforma mantuvo el criterio de un día de descanso por cada seis de trabajo y descartó elevarlo a dos días, un reclamo de trabajadores y sindicatos independientes, y un argumento usado por opositores para tachar la medida de “insuficiente”.
Aplicación gradual
El esquema transitorio plantea reducir dos horas por año: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029, y 40 a partir de 2030.
Horas extra y “mecanismos” de ajuste. El nuevo diseño eleva el máximo de horas extra semanales permitidas de nueve a 12, sin exceder cuatro horas por día y en no más de cuatro días.
Ruta legislativa ya cumplida
El Senado y la Cámara de Diputados avalaron el proyecto por mayoría calificada y, con los votos estatales, se emitieron declaratorias de validez.
¿A quién impacta?
La reducción podría beneficiar a más de 30,6 millones de trabajadores, entre los cuales 9,6 millones trabaja más de 48 horas semanales.
Costos laborales y advertencias
Aunque la Confederación Patronal de México, la Coparmex, respaldó el contenido, otros sectores y organismos han advertido que, sin medidas de acompañamiento, la reducción puede elevar costos operativos —en especial para Pymes— y exigieron certidumbre en la implementación.
Del otro lado, defensores de la reforma la presentan como un avance en calidad de vida y productividad, con una transición diseñada para “amortiguar” el impacto.
¿Qué falta?
La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada formal en vigor, además de la adecuación de normas secundarias y criterios de implementación conforme al calendario de transición.
