Ciudad de Guatemala, 9 mar (EFE).- La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, aseguró este lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una «crisis profunda», como parte de sus conclusiones tras visitar el país en 2025.
En una rueda de prensa, Satterthwaite explicó que diversos motivos han «debilitado la independencia judicial» de Guatemala y que le hacen enfrentar una situación «crítica».
Entre estos motivos se encuentra «la instrumentalización de la justicia» y la «concentración de poderes», además de otras razones que han provocado, por ejemplo, la «persecución de operadores de justicia».
Satterthwaite expresó su confianza, sin embargo, en que Guatemala pueda revertir el panorama actual, ya que su Constitución política ha demostrado en el pasado que es posible el respeto a la ley.
Las palabras de la relatora de la Organización de Naciones Unidas tuvieron lugar en una rueda de prensa donde presentó su informe definitivo sobre una visita en mayo de 2025 a Guatemala para verificar la situación judicial de la nación centroamericana.
Para realizar el informe, Satterthwaite estuvo en Guatemala invitada por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y sostuvo en 12 días encuentros con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, actores de la sociedad civil y pueblos indígenas, así como altos funcionarios de los poderes del Estado (Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo) tanto en Ciudad de Guatemala como en los departamentos (provincias) de Quetzaltenango (oeste) y Alta Verapaz (norte).
Ya en 2025, al final de su visita, Satterthwaite había adelantado que la información que recibió «demuestra que el Ministerio Público (Fiscalía) ha implementado una política de criminalización», una conclusión que reiteró este lunes.
De igual manera, la funcionaria de la ONU resaltó que las designaciones programadas este semestre en Guatemala serán trascendentales para el sistema judicial guatemalteco.
Específicamente, Guatemala designará mediante distintos procesos en las próximas semanas y meses una nueva Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, además de un nuevo tribunal electoral y un nuevo fiscal general, en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
«Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.
