Brasilia, 12 mar (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este jueves una batería de medidas fiscales para mitigar el impacto interno para el consumidor de la subida del precio internacional del petróleo causada por la guerra en Oriente Medio.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en rueda de prensa que el Ejecutivo hará «todo lo posible» para evitar que los efectos de las «irresponsabilidades» del conflicto entre EE.UU. e Israel e Irán afecten negativamente a la población.
«Son las capas más pobres (de la sociedad) que sufren las mayores consecuencias de esas guerras», declaró.
Las medidas de carácter temporal incluyen la eliminación de dos impuestos federales sobre el diésel, lo que representa una reducción de 0,32 reales por litro.
Además, el Gobierno pagará una subvención a productores e importadores de diésel por un valor de 0,32 reales por litro, con lo que la combinación de ambas acciones pretende generar un alivio de 0,64 reales por litro en las gasolineras.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó durante la presentación que las medidas van dirigidas al diésel y no a la gasolina porque este es el combustible que registra una mayor «presión» en el contexto actual.
Asimismo, Haddad señaló que el diésel es clave para el sector agropecuario, que se prepara para una cosecha que se prevé histórica en volumen.
Más allá de estas medidas fiscales, el Gobierno decretó la imposición de un impuesto sobre las exportaciones de combustible con el objetivo de estimular el procesamiento en las refinerías brasileñas hasta su máxima capacidad y garantizar el abastecimiento interno.
El tributo también servirá para compensar el impacto presupuestario de las subvenciones y de la eliminación de los otros dos impuestos, estimado en 30.000 millones de reales (unos 5.700 millones de dólares o 4.990 millones de euros).
Por otra parte, la Agencia Nacional del Petróleo tendrá nuevos poderes para fiscalizar aumentos de precios considerados «abusivos», así como la retención «especulativa» de existencias por parte de los distribuidores.
Esta fiscalización se hará con base en «criterios objetivos» sobre lo que es abusivo, definidos por la agencia reguladora del sector, según el ministro.
«Un productor que mantiene sus costos de producción no puede, en virtud de un conflicto externo, empezar a ofrecer precios extraordinarios, no puede ser beneficiado por la guerra», afirmó Haddad, quien aclaró que no se trata de implantar «controles».
El ministro añadió que estas medidas son «independientes» de la política de precios de la petrolera estatal Petrobras, que la semana pasada afirmó no querer hacer alteraciones a corto plazo para «no asustar» a la sociedad.
