Madrid, 14 abr (EFE).- El Consejo de Ministros español aprobó este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de indemnización de las víctimas de casos prescritos.
«A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el defensor del Pueblo», subrayó en una rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Según el protocolo firmado el 30 de marzo para materializar el acuerdo alcanzado en enero por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.
Este mecanismo estará vigente un año, prorrogable a un segundo, y su objetivo, dijo el ministro, es «reparar a todas esas personas que sin duda sufrieron un abuso» y no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido, por lo que «la única vía» que queda es esta.
Quienes ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 podrán acudir a esta nueva iniciativa mixta, que recibirá las solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (www.mpr.gob.es), y ofrecerá orientación vía correo electrónico ([email protected]) y por teléfono (+34 691 837 22 95).
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, elaborará la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.
Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta tratará de alcanzar una solución por consenso y, si éste no fuera posible, el Defensor del Pueblo «tiene la última palabra».
El representante del Ejecutivo subrayó que hay una «red de garantías mullida» para que la Iglesia responda.
«Va a pagar. Primero, porque tiene voluntad de hacerlo; segundo, porque hemos llegado a un acuerdo donde se establece; tercero, porque van a pagar las diócesis o las congregaciones religiosas; y cuarto, en el caso de que no tengan fondos las diócesis o las congregaciones religiosas específicas, son responsables, en última instancia, la Conferencia Episcopal y la Confer», zanjó.
La reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas.
