Washington, 14 abr (EFE).- El Congreso de Estados Unidos retoma este martes su actividad después de dos semanas de receso en plena polémica por la dimisión de dos de sus representantes, Eric Swalwell, demócrata por California, y Tony Gonzales, republicano por Texas, envueltos en casos de agresiones sexuales.
Ambos renunciaron el lunes tras conocerse que un grupo de representantes estaba promoviendo una resolución para expulsarles del Congreso por su conducta y las graves acusaciones a las que se enfrentan y se espera que a lo largo del martes hagan efectiva su renuncia.
Swalwell, quien el domingo ya anunció que abandonaba las primarias demócratas a gobernador de California, informó de su renuncia al Congreso en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que negó las acusaciones.
«Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra», declaró el congresista en el comunicado.
Gonzales, por su parte, también anunció vía X su abandono del cargo público: «Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retiro».
Además de estos dos escándalos, los congresistas Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata por Florida, y Cory Mills, republicano por Florida, también podrían verse sometidos a procesos de expulsión por desvío de fondos y violencia doméstica, respectivamente.
El Comité de Ética de la Cámara de Representantes investiga estos casos.
Un grupo de más de una docena de demócratas de distritos electorales indecisos enviaron una carta a la dirección de la Cámara este lunes, instándoles a que ordenen al comité que «acelere» sus investigaciones sobre estos miembros.
La agenda legislativa
En plena crisis ética por estos escándalos y con la revisión interna de sus procedimientos de control abierta, el Capitolio recupera su actividad con otros asuntos importantes en la agenda.
El Departamento de Seguridad Nacional permanece en un cierre parcial desde el pasado 14 de febrero, el más largo de un organismo gubernamental, a la espera de que la Cámara apruebe un acuerdo de financiación al que el Senado sí ha dado el visto bueno.
El cierre se produjo por la negativa demócrata a aprobar un aumento de fondos al departamento como rechazo a las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump, en especial tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en el marco de las protestas en Minesota.
Los demócratas exigen una serie de condiciones que regulen las actuación de los agentes migratorios, y que incluyen la exigencia de órdenes judiciales para detener a ciudadanos o para entrar en domicilios.
Hasta el momento, las intensas negociaciones ente demócratas y republicanos, en las que se ha involucrado también la Casa Blanca, no han dado resultado y han generado problemas en muchos aeropuertos estadounidenses por la falta de agentes de seguridad.
Otra de las cuestiones que marcará estos días la agenda del Congreso es la guerra de Irán.
Los demócratas están impulsando una iniciativa para aprobar una resolución sobre poderes de guerra que limite la acción militar de la Administración de Trump, ya que consideran que el presidente se ha extralimitado en sus poderes y que la potestad de declarar una guerra corresponde solo al Congreso.
Sin embargo, incluso si esta resolución se aprobara (ya fue rechazada otra el pasado mes de marzo), es muy improbable que lo hiciera con una mayoría de dos tercios, que es la necesaria para superar el posterior veto de Trump.
