Bogotá, 11 may (EFE).- Un grupo de indígenas del pueblo misak protestó este lunes frente a la Agencia de Desarrollo Tierras (ANT) de Colombia para exigir el respeto a su territorio, ya que, según denuncian, la entidad adjudica parte de sus tierras ancestrales a otras comunidades del suroeste del país.
«Si bien se pactan documentos luego de una movilización, no tienen seguimiento por parte de las entidades y no hay personas a cargo que quieran darnos una solución a los indígenas del Cauca (suroeste)», dijo el gobernador del resguardo indígena La María, Luis Enrique Yalanda.
Los manifestantes, provenientes del municipio de Piedamó, en el departamento del Cauca, llegaron hace dos semanas para denunciar que las resoluciones de la ANT afectan zonas de páramo, que fueron adoptadas sin procesos de consulta previa.
Ante el incumplimiento de los acuerdos firmados, volvieron a Bogotá para pedir una reunión con el presidente colombiano, Gustavo Petro; el ministro de Interior, Armando Benedetti, y el director de la ANT, Felipe Harman, para saber si «hay voluntad política a puertas de terminar» el actual Gobierno, que culmina su mandato el 7 de agosto próximo.
Las decisiones de la ANT, denuncian los indígenas, favorecen a otras organizaciones de la región, lo que ha ocasionado tensiones territoriales por ocupaciones de zonas que consideran propias y al menos 250 familias han resultado afectadas por estos hechos, especialmente en la parte montañosa del Cauca, donde conviven los pueblos indígenas misak y nasa.
Yalanda aseguró que las 400 personas que llegaron a Bogotá permanecerán hasta mantener una conversación con las autoridades y que tienen todo el respaldo de sus comunidades para sostener la demanda.
«A los capitalinos les interesa la movilidad y a los caucanos también, pero pareciera que los muertos de nosotros valen menos», dijo Yalanda y recordó el atentado terrorista del mes pasado en Cajibío (Cauca) donde murieron 20 personas, entre ellas una indígena misak.
El líder indígena contó que realizaron protestas en el Cauca, pero no fueron «eficaces», por lo que se vieron obligados a movilizarse hasta la capital ante la falta de respuesta de las autoridades.
Los manifestantes explicaron que han interpuesto acciones legales, pero ante la falta de respuesta decidieron acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Queremos que nos garanticen derechos territoriales, la vida en territorio, porque allá estamos en conflicto permanente», denunció Yalanda.
