Washington, 29 may (EFE).- Una jueza federal de Estados Unidos inició este viernes una investigación sobre el acuerdo entre el presidente, Donald Trump, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que resultó en un fondo de 1.800 millones de dólares para realizar pagos a aliados políticos del republicano que hayan sido investigados bajo lo que la Administración ha llamado “militarización de la justicia”.
La magistrada Kathleen Williams, con sede en Miami, abrió el caso para determinar si el acuerdo de Trump que dio vida a este fondo encaja dentro de una “mala conducta grave” y en un abuso sobre el sistema de justicia.
El acuerdo, divulgado por el Departamento de Justicia, el pasado 19 de mayo, acuerda que el IRS no puede reclamar las conductas pasadas de la familia Trump ocurridas en el pasado, usando como punto de partida una demanda presentada en enero por la filtración de la declaración de impuestos de Eric Trump y Donald Jr por parte de medios de comunicación.
Además, el acuerdo dio vida a un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a víctimas de una supuesta “militarización” del sistema judicial estadounidense.
El fondo de 1.800 millones de dólares, según el acuerdo, estaría destinado a compensar a personas que alegan haber sido objeto de investigaciones o procesos judiciales considerados políticamente motivados por las administraciones anteriores.
Entre los potenciales beneficiarios se incluyen aliados políticos del presidente, asesores y figuras del entorno republicano que han sido investigados en casos federales en los últimos años.
También podría abarcar a miembros de la familia Trump y otras personas vinculadas a litigios por filtraciones fiscales y otras pesquisas previas, siempre que sus reclamaciones encajen dentro de la categoría de “persecución institucional” establecida en el acuerdo.
El alcance exacto de los beneficiarios aún no está plenamente definido y es uno de los puntos centrales bajo revisión judicial.
La investigación de la jueza Williams, publicada este viernes, indica que considera reabrir el caso, es decir dejar sin validez el acuerdo de Trump que da vida al polémico fondo, argumentando que existe la posibilidad que la familia del mandatario presentó la demanda de forma “frívola” con el único objetivo de buscar un acuerdo “forzado” y crear el fondo.
Además, la magistrada cuestiona la legitimidad del Departamento de justicia de encabezar el acuerdo debido a que la ley les exige limitarse específicamente al tema reclamado y el acuerdo abarca beneficios para sujetos externos al caso.
