Bogotá, 27 ago (EFE).- El Gobierno colombiano firmó con la empresa Thomas Greg & Sons una prórroga por ocho meses del contrato para la fabricación de pasaportes, con lo cual se evita la escasez de esos documentos de viaje y se resuelve temporalmente una polémica que llevó a la renuncia de la anterior canciller, Laura Sarabia.
La nueva ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, que ayer fue confirmada como titular en el cargo, dijo este miércoles a periodistas que la prórroga del contrato se firmaría hoy y señaló que «no hay, no ha habido, no habrá crisis en el tema de los pasaportes».
El Fondo Rotatorio del Ministerio en mención recurrió a la figura de «urgencia manifiesta» para la firma de la prórroga que estará vigente desde el próximo 1 de septiembre hasta el 30 de abril de 2026, por un valor de hasta 161.290 millones de pesos (unos 40 millones de dólares) para «suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes», señala el documento filtrado a la prensa.
El Gobierno confía en que esta prórroga de ocho meses le dará tiempo para implementar el nuevo sistema, que estará a cargo de la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal y que ha sido objeto de numerosas críticas.
La polémica comenzó a finales de 2023 cuando el entonces canciller colombiano, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace diecisiete años, al alegar que en la más reciente licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque al contrato le quedaban todavía tres años de vigencia.
En medio de las discusiones sobre a quién darle el nuevo contrato, la Procuraduría General (Ministerio Público) suspendió a Leyva del cargo, y su sucesor, Luis Gilberto Murillo, tampoco logró resolver el asunto.
A finales de enero de este año Murillo fue reemplazado por Laura Sarabia, quien defendía la prórroga por un año del contrato con Thomas Greg & Sons para no comprometer ese servicio ciudadano a partir del 1 de septiembre, cuando supuestamente la Imprenta Nacional y el socio portugués empezarían a producir los pasaportes.
Sarabia argumentó que la Imprenta Nacional carecía de las capacidades técnicas para fabricar pasaportes, documentos que requieren medidas especiales de seguridad, pero fue desautorizada por el entonces jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, y terminó renunciando a la Cancillería el pasado 3 de julio.
La prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons ha terminado por darle la razón a Sarabia en cuanto a que la Imprenta Nacional no tenía la capacidad para fabricar estos documentos a partir del 1 de septiembre, mientras que Saade tuvo que dejar el cargo la semana pasada luego de que la Procuraduría lo suspendiera por tres meses mientras investiga presuntas irregularidades suyas en este tema.
