Madrid, 7 abr (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma de la Constitución, aunque será complicado sacar adelante la propuesta porque necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.
Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento español, se impulsa porque el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez quiere «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y «reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional».
Se busca así seguir el ejemplo de Francia, que se convirtió en marzo de 2024 en el primer país del mundo en blindar explícitamente el derecho al aborto en su Constitución.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado, que ve «constitucional» la propuesta del Ejecutivo.
La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, dijo durante la rueda de prensa posterior a la reunión que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección «frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco».
«No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», puntualizó por su parte la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que detalló que el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos.
Para salir adelante en el Parlamento español, la reforma tiene que contar con el voto favorable del conservador Partido Popular (PP), el principal partido opositor y que ya se mostró contrario a la idea cuando el Gobierno la planteó el año pasado.
La propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución española introduce el punto 4 para señalar lo siguiente: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias».
