Bogotá, 14 oct (EFE).- Las autoridades colombianas investigan un posible plan para atentar contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez, por lo que sus esquemas de seguridad fueron reforzados.
«La posible existencia de un plan para atentar contra sus vidas expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como para un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de Derecho», manifestó este martes la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
La senadora Valencia es precandidata presidencial por el Centro Democrático, el partido opositor al que pertenecía el también precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá mientras hacía campaña política.
Juvinao, del partido Alianza Verde, ha sido una fuerte crítica del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.
El riesgo de atentado, según la Defensoría, «podría traducirse en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos». «Además, haría un daño muy serio a nuestra democracia», añadió el organismo.
La Defensoría destacó que fue el mismo Gobierno el que identificó el supuesto plan y las medidas que adoptó para reforzar la protección de estas personas.
El organismo aseguró además que es «fundamental» que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de estos hechos y, de ser el caso, en la «judicialización de los responsables».
Igualmente, la Defensoría manifestó estar en disposición de articular armónicamente con las otras ramas del poder público y de acompañar a la senadora Valencia, a la representante Juvinao y al contralor Rodríguez.
«La democracia colombiana la podemos y debemos cuidar día a día y solo lo hacemos si trabajamos de manera unida, sumando la acción institucional, la de los partidos y movimientos políticos de todas las tendencias ideológicas y la de la sociedad», concluyó la Defensoría.
La semana pasada, la Defensoría advirtió que más de 600 municipios del país tienen distintos niveles de riesgo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha dicho que el Gobierno activará el Plan Democracia para custodiar las actividades políticas del proceso electoral de 2026 con un despliegue de 20.000 integrantes del Ejército y la Policía.
