Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “analice la ilegitimidad” de las prisiones preventivas dictadas en contra de la autoridad local y le otorgue medidas cautelares para que pueda defenderse en libertad.
“Hemos hecho una petición de medidas cautelares y de supervisión de este proceso”, dijo Ramiro García en una entrevista con EFE, en la que añadió que esa solicitud internacional se lleva de manera paralela a las apelaciones a las órdenes de prisión que le han impuesto en tres casos en los que la Fiscalía lo investiga.
Alvarez enfrenta un juicio por presunta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, un caso denominado como ‘Triple A’, y también una investigación en la que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, conocida como ‘Goleada’, por la que fue detenido el 10 de febrero junto a sus dos hermanos y otras ocho personas, ambos vinculados a la venta de combustibles, su negocio familiar.
Además, se le investiga por la supuesta manipulación del grillete electrónico que fue obligado a llevar por el caso ‘Triple A’, desde julio del año pasado.
Condiciones “inhumanas”
García aseguró que los Alvarez están presos “en condiciones totalmente desproporcionadas e inhumanas” en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida durante el Gobierno de Noboa e inspirada en la que alzó en El Salvador Nayib Bukele, a donde fueron llevados por el Gobierno ante la supuesta existencia de alertas de atentados en su contra.
De acuerdo al mismo Gobierno, las amenazas supuestamente provenían de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) con el que Alvarez llegó a la alcaldía de la ciudad más poblada del país.
“Lo que hubo es un plan concertado por el Gobierno para privar de libertad en las peores condiciones, en una cárcel reservada para los delincuentes más peligrosos, a tres personas sin antecedentes penales que no representan ninguna peligrosidad”, añadió.
La última visita que hizo el abogado a la cárcel fue el miércoles, donde, aseguró, vio que Alvarez y sus hermanos “han bajado muchísimo de peso” y que tienen un problema de deshidratación porque afirman que el agua que reciben “no se puede beber” porque “es de pozo”.
“Más que cárcel es un campo de concentración, un campo de confinamiento”, mencionó.
Denuncia “mano política”
García considera que detrás de los casos contra el alcalde “hay una mano política” de la Administración de Noboa, que, dijo, “controla el Consejo de la Judicatura”.
Afirmó que los procesos judiciales “se montaron sin ninguna base probatoria”, pues “toda la cadena de comercialización de combustible está totalmente controlada por la autoridad estatal”, lo que, indicó, hace “materialmente imposible” que pueda haber algún desvío, como alega la Fiscalía.
“Lo que temen es al Aquiles Alvarez como figura política. Él tiene una popularidad inédita en un cargo como el de alcalde de Guayaquil, mientras, en paralelo, el presidente ha caído muchísimo en su aceptación”, añadió.
El letrado aseguró que el caso del alcalde es similar al de los presos políticos en Venezuela recluidos en El Helicoide, y de otros a nivel mundial donde se ha “utilizado el sistema penal como mecanismo de represión a la política”.
Por ello, pide a la comunidad internacional que “esté alerta de la ruptura democrática que significa este caso y el manejo de la administración de la justicia” en el país. EFE
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