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La Cancillería de México enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la manera en la que hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, asegurando que no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense, las cuales serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
No obstante, subrayó que los expedientes enviados no incluyen evidencia que respalde las acusaciones, además de señalar que, conforme a los tratados internacionales, este tipo de información debe manejarse de manera confidencial.
“Se enviará un extrañamiento por la forma en que se dio a conocer”, indicó la dependencia, al considerar que la publicación de los señalamientos no se apega a los lineamientos diplomáticos.
El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
Según las autoridades estadounidenses, los implicados tendrían vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes supuestamente habrían protegido mediante filtración de información y facilitación de operaciones a cambio de sobornos.
Entre los señalados también figuran el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante policial Juan Valenzuela Millán, junto con otros mandos de seguridad.
El gobernador Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones, al calificarlas de infundadas y atribuirlas a un ataque político contra su persona y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la embajada estadounidense respaldó la investigación y reiteró que actuará contra la corrupción vinculada al crimen organizado cuando tenga jurisdicción, aunque evitó profundizar en los detalles del caso.
La controversia abre un nuevo frente en la relación bilateral, mientras la FGR analiza si existen elementos suficientes para proceder con las solicitudes de extradición.
