Caracas, 6 may (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) consideró este miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela no necesita más magistrados, sino que los que existen «actúen con independencia», luego que el Parlamento propusiera incrementar el número de estos funcionarios.
«Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia», manifestó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, en un video publicado por la ONG en X.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a un total de 32, una norma que debe superar una segunda votación en la Cámara para quedar sancionada.
Al respecto, Provea subrayó hoy que los jueces deben ser designados por concurso y que este mecanismo es la «garantía de estabilidad judicial y la condición mínima para que exista independencia en tribunales».
«Toda reforma del TSJ debe partir de la Constitución, no de decisiones discrecionales», señaló la organización.
El martes, durante la sesión ordinaria, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».
Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ -Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y Electoral- pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete magistrados en vez de cinco.
La reforma de ley llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes» por renuncias y jubilaciones en la alta corte.
En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
