Lima, 28 may (EFE).- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión) anunció este jueves que ha establecido una gobernanza fiduciaria sobre la financiación por 2.000 millones de dólares que autorizó el Gobierno peruano, a medios de este mes, para asegurar la operatividad de la empresa estatal Petroperú.
El organismo remarcó -en un comunicado- que la operación financiera “cuenta con un límite estricto” por el monto establecido y una estructura “que absorberá íntegramente” la financiación puente inicial.
“Proinversión será la entidad técnica facultada para administrar y liberar estos recursos, garantizando su uso exclusivo en la compra de crudo para las refinerías”, acotó.
El Gobierno de Perú aprobó el pasado 11 de mayo solicitar a la banca internacional una línea de crédito por 2.000 millones de dólares a favor de la petrolera, para permitirle suministrar combustibles a la Amazonía, donde abastece un 80 % del mercado local.
Al anunciar la medida, el primer ministro del país suramericano, Luis Arroyo, explicó que los recursos “solo podrán ser utilizados para el abastecimiento de combustible” y que la decisión no implicaba “un salvataje” estatal, sino una autorización para la financiación de la banca privada internacional a través de un esquema financiero que incluía un fideicomiso a cargo de Proinversión.
En ese sentido, la agencia detalló este jueves que la gobernanza fiduciaria es un “hito fundamental en el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú”, ya que establece “una arquitectura de control rigurosa para administrar los recursos destinados a asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal”.
Se estableció, de esa manera, que una financiación puente inicial de quinientos millones de dólares será “de carácter estrictamente transitorio y está vinculado de forma indisoluble a la operación principal” y que, una vez concretados los 2.000 millones de dólares, este puente quedará íntegramente cancelado y absorbido por la financiación mayor.
En ese sentido, la agencia será la que determinará, autorizará y ejecutará la liberación de cada flujo, que será canalizado “de manera inalterable para garantizar el suministro y compra de crudo, permitiendo a las refinerías operar a máxima carga”.
“Al asegurar la materia prima, se garantiza el abastecimiento nacional, activando el ciclo de conversión de efectivo y la generación de ingresos de la compañía”, concluyó el comunicado.
El marco legal emitido por el Gobierno del presidente de transición de Perú, José María Balcázar, se produjo en un contexto de crisis energética internacional, a lo cual se ha sumado la crisis de liquidez severa que ha enfrentado Petroperú en los últimos años, remarcaron las autoridades cuando se aprobó la línea de crédito.
La deuda de Petroperú ascendía hasta febrero pasado a 7.899 millones de dólares y las pérdidas de los últimos cuatro años se elevaron a 2.500 millones de dólares, según datos ofrecidos en abril pasado por la empresa ante el Congreso peruano.
