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El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de una terapeuta cristiana que impugnó una ley del estado de Colorado que prohibía las terapias de conversión en menores, al considerar que la norma vulnera la libertad de expresión.
La decisión, adoptada con ocho votos a favor y uno en contra, respalda el recurso presentado por Kaley Chiles, quien argumentó que la legislación le impedía ejercer su labor profesional con pacientes que buscan orientación acorde a sus creencias religiosas.
El fallo revoca así una resolución previa de un tribunal inferior y podría tener implicaciones en más de 20 estados del país que cuentan con leyes similares para prohibir este tipo de prácticas.
En la opinión mayoritaria, el juez Neil Gorsuch sostuvo que la normativa de Colorado interfiere “de manera inadmisible” con la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda.
“Colorado puede considerar su política esencial para la salud pública, pero la Constitución protege contra cualquier intento de imponer una ortodoxia en el pensamiento o la expresión”, señaló el magistrado.
La ley estatal, aprobada en 2019 durante la gestión del gobernador Jared Polis, prohibía a profesionales de la salud mental realizar terapias destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de menores LGBT, con sanciones económicas y posibles consecuencias sobre sus licencias.
Sin embargo, la decisión no fue unánime, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en votar en contra, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la regulación médica.
Jackson señaló que el fallo podría tener consecuencias “catastróficas” al limitar la capacidad de los estados para supervisar tratamientos profesionales, especialmente aquellos que involucran comunicación verbal.
“Esta decisión podría hacer prácticamente imposible regular ciertas terapias y tratamientos médicos”, escribió en su disenso.
El caso también refleja el respaldo de la administración del presidente Donald Trump, que apoyó la impugnación presentada por Chiles, en línea con su postura sobre políticas relacionadas con identidad de género.
La resolución abre un nuevo capítulo en el debate legal y social sobre las terapias de conversión en Estados Unidos, una práctica ampliamente cuestionada por organizaciones médicas y de derechos humanos, que la consideran ineficaz y potencialmente dañina para los jóvenes.
