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Este lunes grupos ambientalistas demandaron al gobierno de Donald Trump para evitar que British Petroleum (BP) inicie un proyecto de perforación en aguas profundas del Golfo de México.
La demanda argumenta que el proyecto conocido como Kaskida, aprobado por el Gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado, aumenta la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo, un escenario que podría derivar en un derrame de gran escala.
El proyecto Kaskida contempla operaciones a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana, a una profundidad de hasta 10 kilómetros bajo el lecho marino, una distancia que supera la altura del Monte Everest y que, según los demandantes, lo ubica en condiciones de alto riesgo.
Las organizaciones advirtieron que la zona donde se desarrollará el proyecto presenta mayores riesgos que el sitio donde operaba la plataforma Deepwater Horizon, cuyo colapso en 2010 provocó el peor derrame petrolero en alta mar en la historia de Estados Unidos.
La demanda fue presentada precisamente el 20 de abril, cuando se cumplen 16 años de aquella explosión que dejó 11 muertos, devastó ecosistemas marinos y generó pérdidas millonarias en sectores como la pesca y el turismo.
La acción legal fue impulsada por Earthjustice, en representación de grupos como Sierra Club y Center for Biological Diversity, quienes acusan que la aprobación del proyecto carece de información clave y presenta “fallas significativas”.
Según los demandantes, BP no ha demostrado contar con la experiencia, el conocimiento técnico ni el equipo certificado necesario para operar de forma segura en condiciones extremas.
Además, sostienen que la probabilidad de un incidente similar al de Deepwater Horizon sería entre seis y siete veces mayor que en otros pozos de aguas profundas.
BP prevé que Kaskida produzca alrededor de 80 mil barriles de petróleo diarios a partir de 2029. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la empresa tampoco ha probado contar con la capacidad de contener un derrame que podría alcanzar hasta 4.5 millones de barriles.
“Esta aprobación establece un estándar peligrosamente bajo para las compañías que desean perforar en aguas públicas”, señaló Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice.
La representante legal adelantó que el caso llegará a tribunales, al calificar la autorización del proyecto como “ilegal e insultante”.
